La contabilidad como contrato

Por Samuel Mantilla - De la contabilidad como medio de prueba (oponibilidad contable) a la contabilidad como contrato. ó: El riesgo (alto) de quedarse sin el pan y sin el queso

Pocos lo reconocen en público, pero hace rato la contabilidad dejó de ser medio de prueba, entre otras cosas porque no hay claridad en si la prueba contable está en el registro, en los documentos soporte, en los libros o en los estados financieros.

Los libros de comercio tienen valor persuatorio (no necesariamente de prueba):

“… cuando están formalmente bien llevados. Por el contrario, cuando tales libros no se ajustan formal y materialmente a lo dispuesto en la ley, carecen de todo valor probatorio a favor de su titular y exponen al comerciante a que el juez deba resolver cualquier controversia con base en el contenido de los libros del empresario que los lleva regularmente (art. 70, Código de Comercio)” [1].

En el presente, no hay claridad en las disposiciones de ley que deben ser acatadas formal y materialmente. El actual Código de Comercio está bastante desactualizado en relación con la práctica empresarial moderna, algunas innovaciones legales son parciales y dependen de una superintendencia en particular, y, lo más importante, la introducción de los marcos técnicos normativos no ha dejado claras cuáles son las disposiciones de ley que corresponden a las nuevas circunstancias. Tal y como se verá adelante, el conflicto entre los estados financieros según la ley 222 de 1995 y los estados financieros NIIF no ha sido solucionado. La coexistencia de normas viejas y nuevas, tal y como ocurre con otros temas relacionados con la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, está generando más y más problemas.

Por eso muchos buscan optar por otros caminos que, en el marco de la ley, son más eficaces en la práctica.

Como el no-ajustarse ‘formal y materialmente’ a los requerimientos de ley en lo relacionado con los libros de comercio se vuelve en ‘prueba en contra’ para el comerciante, al tiempo que el ajuste formal y material se vuelve en ‘prueba a favor’ del comerciante que los lleva regularmente, el concepto de la entidad que reporta se convierte en una alternativa altamente eficaz en la protección de las obligaciones de deuda, tal y como se verá adelante.

Adicional a lo anterior, tienen impacto alto los efectos que se derivan de:

  • La información contable que está fuera de la contabilidad (cuentas de orden, estados financieros paralelos, doble facturación).

  • La información no-financiera (información que no es PCGA, medias alternativas de desempeño).

  • La información que está en otros registros (correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, etc.).

En la práctica, la prueba en los procesos está donde esté, no necesariamente en la contabilidad.

Ello es ahondado a causa de las dificultades que surgen en algunos entendimientos que, a la hora de recomendar la emisión de los marcos técnicos normativos el CTCT no ha considerado y que a los contadores en general poca atención les generan. Se resumen en los siguientes apartes que aparecen adelante con los títulos de: Primacía de las normas, Procesos legales, La entidad que reporta, Información en función de los derechos de los acreedores.

Primacía de las normas

En el análisis de la primacía de unas normas sobre otras, una interpretación que tiene fuerza es que priman los estados financieros (y la contabilidad) según la ley 222 de 1995 sobre los estados financieros (y la contabilidad) NIIF según los marcos técnicos normativos, dado que el contrato de sociedad vincula directamente a la sociedad a la legislación societaria (que es específica y directa, en este caso la ley 222 de 1995) y no necesariamente a normas que son de carácter general que, además, solo obligan a las entidades pero no a las autoridades de inspección, vigilancia y control, y éstas prefieren expedir sus propios reglamentos y marcos normativos. Esta es una razón, entre otras, por la cual cada superintendencia (en este caso Superintendencia de Sociedades), hace primar sus propios requerimientos y hace forzoso su cumplimiento por la vía de ‘su autoridad’.

En lo que tiene que ver con los estados financieros, resolver lo relacionado con las diferencias entre la ley 222 de 1995 y los marcos técnicos normativos que introducen las NIIF, es un asunto clave:

  • Una interpretación, que es válida, señala que priman los estados financieros según la ley 222 de 1995 porque tal ley está relacionada directamente con el contrato de sociedad, tal y como se mencionó arriba. Si se acepta esta interpretación, el CTCP debiera recomendar la salvedad (como lo ha hecho en ocasiones anteriores señalando que no tiene objeción para que, por ejemplo, los aportes sociales en cooperativas sean contabilizados como patrimonio y no como pasivo) de que los estados financieros NIIF aplican en el país, excepto para las sociedades comerciales. El problema con estas salvedades es que ‘acaban con el edificio NIIF’ aceptado en Colombia. Por eso es importante que el CTCP haga un estudio comparativo serio, técnico, de las diferencias, y proponga soluciones viables.

  • Otra interpretación, que también es válida, señala que priman los marcos técnicos normativos porque se derivan de una ley que es posterior y la ley posterior prevalece sobre la anterior. Si se acepta esta interpretación, la Superintendencia de Sociedades y, las demás superintendencias, debieran requerir que los estados financieros sean plenamente NIIF y solamente NIIF, centrando su esfuerzo en una vigilancia estricta de que ello sea así. El problema del CTCP es cómo ejerce su ‘autoridad de normalización’ para que esto sea efectivo.

De acuerdo con la ley 1314 de 2009 (que es ley posterior en el tema) el mandato es claro:

“Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras”. [2] (las negrillas no son del original).

Si bien las derogatorias pueden ser expresas, tácitas y sistemáticas (integrales), su aclaración no siempre es fácil y, de hecho, tal y como ha ocurrido en muchos casos, requiere que ya sea la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional resuelvan ello y lo aclaren, lo cual en la práctica lleva muchos años y varios procesos de por medio.

Las interpretaciones en cada caso concreto tampoco son asunto sencillo, dado que requiere experticia legal. Ello es relativamente fácil para las grandes empresas, que tienen fuertes equipos jurídicos, pero para las empresas medianas y pequeñas es algo muy complicado. Una interpretación equivocada puede llevar a participar en pleitos jurídicos que se pueden perder sencillamente porque no se hizo la interpretación adecuada.

En este sentido, es tarea del CTCP, como organismo de normalización técnica de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información [3], que las recomendaciones que haga a las autoridades de regulación necesariamente deben tener un carácter técnico y no solo una mera formalidad. Ello implica buscar, entre otras cosas, que las otras autoridades (de regulación, inspección, vigilancia y control, entre otras) conozcan y entiendan tanto las diferencias existentes en las distintas normas (vigentes y propuestas), así como los cambios necesarios. Pero como el CTCP ha preferido actuar como secretaría de comités (interinstitucionales, profesionales, etc.), se ha limitado a recomendar nuevas normas sin análisis alguno del impacto de cada una de ellas y sin prever los posibles conflictos que dan origen a complicados arbitrajes regulatorios.

El objetivo de “mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras” debe privilegiarse. Sobre todo, el relacionado con el desarrollo armónico porque, tal y como ocurre en el presente, en río revuelto, ganancia de los pescadores más avivatos.

Cómo conciliar las diferencias técnicas que dan origen a estados financieros técnicamente diferentes según la ley 222 y según las NIIF, es algo que requiere ser abordado a fin de tener un sistema único. Es simplista e irresponsable la afirmación de que ‘no hay problema porque los estados financieros de la ley 222 de 1995 son los mismos que los de las NIIF’.

El análisis y la solución de estas cosas es crítico para el entendimiento de las funciones del revisor fiscal, en cualesquiera de las opciones que se escojan, porque constituye la masa crítica ya sea para ‘dictaminar el balance’ o para ‘auditar de manera independiente los estados financieros’.

El análisis de estas cosas se hace más expedito si se tienen en consideración los conceptos que Néstor Humberto Martínez dilucida:

“… debemos advertir que el Código de Comercio es la ley comercial por antonomasia. Pero con él no se agota la ley mercantil; dicho de otra manera, el Código no es la única ley comercial. Existe la tendencia a circunscribir el concepto de ley comercial al Código de Comercio.
Abundan leyes comerciales no incorporadas al Código de Comercio que tienen la misma categoría que las normas contenidas en el Código de Comercio, y como leyes comerciales tienen que aplicarse a los comerciantes y a los actos de comercio, en el contexto de su propia especialidad. La más importante de ellas en el terreno del derecho societario es la ley 222 de 1995, pero también pueden citarse leyes posteriores especiales, como la ley 1285 de 2005 que creó las sociedades por acciones simplificadas o la ley 1116 de 2006 que simplificó de manera importante el régimen societario.
Así, en caso de presentarse incongruencia entre unas y otras, el conflicto se dirime por las normas que gobiernan los conflictos de la ley en el tiempo según la ley 153 de 1887, conforme a la cual la ley posterior prevalece sobre la anterior.” [4].

Las consecuencias de esto para la revisoría fiscal son importantes: la única fuente no son los artículos 207-209 del Código de Comercio.

Como las NIA y el Código de Ética de IESBA (que requieren el auditor sea independiente frente a la entidad) han sido incorporados en los marcos técnicos normativos, la transformación de la revisoría fiscal es una posibilidad real.

Porque la ley posterior (en este caso, la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios) prevalece sobre la ley anterior (en este caso, el Código de Comercio en lo que al revisor fiscal se requiere). Pero como algunos interpretarán que el Código de Comercio vincula directamente al revisor fiscal con el contrato societario, algunos intentarán aferrarse al revisor fiscal como órgano societario.

La transformación de la revisoría fiscal también es una posibilidad por la vía de mantener las actuales funciones del revisor fiscal (centradas en las certificaciones con base en la fe pública y las funciones de colaboración y demás), sacando la función de ‘firmar los balances’ para crear la figura legal del auditor independiente de estados financieros y que éste sea quien realice la auditoría de estados financieros con base en las NIA.

Estas cosas se han discutido y discutido, con argumentos y clichés de carácter político o gremial, pero no se han estudiado y analizado con la profundidad y documentación debidas. Mientras no se realice esto, los cambios van por otros caminos y la profesión del contador público corre el riesgo (alto y bastante real) de ‘quedarse sin el pan y sin el queso’. Ojalá el CTCP liderara estos estudios y análisis en profundidad, y no se limitara a recomendar bloques de normas cuyo contenido y efecto ni entiende ni percibe.

Mientras no se logre ese ‘sistema único’, los IFRS/NIIF, por la vía de la ‘entidad que reporta’ ofrecen una solución: reportes financieros de los contratos que celebren las entidades (léase: sociedades comerciales), vinculados a contratos específicos (principalmente relacionados con obligaciones de deuda), que no necesariamente tienen que ser los estados financieros de la entidad legal.

Se afianza el paso de la contabilidad como medio de prueba (oponibilidad contable) a la contabilidad como contrato, un entorno que no requiere certificaciones (de fe pública) ni dictámenes (de fe pública), pero sí contratos que sean auditados rigurosamente por auditores independientes.

Procesos legales

¿Qué dicen las normas y qué están aceptando los tribunales (de la Superintendencia de Sociedades y de Arbitramento) en los procesos concursales y de solución de disputas entre socios?

El énfasis puesto en los procesos de insolvencia no está compensado por procesos de apoyo para que la empresa esté en marcha.

No hay suficiente claridad en cómo la contabilidad de empresa en marcha (base de causación) hace el tránsito a la contabilidad de insolvencia (¿base de caja?).

Hace falta un proceso similar al que, para la adopción por primera vez de las NIIF, requiere la NIIF 1: el paso desde el sistema PCGA hacia el sistema NIIF. Ello en Colombia no ha funcionado porque, si bien la NIIF 1 hace parte de los marcos normativos incorporados en Colombia, las superintendencias señalaron sus propios procesos de estado de situación financiera de apertura que no marcaron la diferencia desde Col-PCGA hacia NIIF y en el fondo mantuvo muchas de las cosas anteriores, principalmente algunos saldos que, para no afectar utilidades acumuladas se llevaron a cuentas de patrimonio (‘para no generar causales de insolvencia’).

En los procesos de insolvencia tal contabilidad es ciertamente poco útil y, poco confiable. Pero es ‘legal’.

Para los procesos concursales y de insolvencia, donde las obligaciones derivadas de acreencias son clave, las NIIF son una solución más efectiva y de hecho son usadas (junto con los US GAAP) en jurisdicciones internacionales de alta seguridad jurídica [5], apoyándose en el concepto de ‘la entidad que reporta’ y no tanto en los estados financieros de la entidad legal (como se requeriría por la vía de la ley 222 de 1995).

Así las cosas, es clave que el CTCP estudie a fondo estas cosas y proponga la reforma de la ley 222 de 1995 en lo que se refiere a los estados financieros, unificando el sistema de aplicación nacional según las NIIF.

La actual estructura/marco conceptual [Conceptual Framework 2018] de los IFRS/NIIF, emitida en el año 2018, ofrece dos conceptos que, en la práctica, se convierten en la solución a las anteriores problemáticas: el de la entidad que reporta, y el de la información en función de los derechos de los acreedores. En lo que sigue se hace un análisis de ello.

La entidad que reporta

El significado amplio de la expresión la entidad que reporta (the reporting entity) contenida en los estándares IFRS/NIIF: si bien se puede entender esa entidad es la entidad legal, no necesariamente tiene que serlo (puede ser una parte, una consolidación o una combinación). También significa la entidad que reporta sobre un contrato específico.

La expresión no es la entidad que contabiliza o la entidad contable (accounting entity).

En el derecho de contratos (que hace parte del derecho de las obligaciones), lo que importa es que cada parte cumpla sus obligaciones contractuales como tal, independiente de otras obligaciones. Con la salvedad de la prelación de las obligaciones, para el conjunto de la entidad, las cuales pueden, de hecho, limitarse cuando se trata de obligaciones de deuda incardinadas en jurisdicciones de alta seguridad jurídica diferentes a la jurisdicción de la entidad legal.

El entendimiento de ello no es sencillo. Se perciben dos situaciones preocupantes:

  • Las superintendencias siguen insistiendo en que la entidad que informa es la entidad legal, con base en estados financieros separados (independientes), restando utilidad práctica a los estados financieros consolidados. ¿Los usos de la contabilidad NIIF quedan, entonces, supeditados a la contabilidad según la ley 222 de 1995? La otra aplicabilidad de la contabilidad NIIF se vuelve fuerte en ‘otras jurisdicciones’ (internacionales) para respaldar las obligaciones derivadas de los contratos de endeudamiento y otras relaciones contractuales comerciales con operaciones en el país.

  • La propuesta de unificación del Código Civil y del Código de Comercio, percibida como ‘peligrosa’, que se refiere a que las obligaciones se pagan siempre y cuando no haya otra necesidad. Con base en la contabilidad y/o en los estados financieros legales se podría aducir que ‘no hay con qué pagar’ porque hay otras obligaciones (prelación de deudas), pero no las relacionadas con esas otras necesidades. En cambio, con el ‘reporte del contrato’ (esto es, información financiera del contrato) está claro que, dada la obligación contractual de pagar, se debe hacer en los términos del contrato.

Entre otros cambios importantes, la actual estructura/marco conceptual [Conceptual Framework 2018] de los IFRS/NIIF, emitida en el año 2018 introdujo el concepto de la entidad que reporta (the reporting entity, traducido oficialmente como ‘la entidad que informa’).

Es definida de la siguiente manera:

“Una entidad que informa es una entidad a la que se le requiere, u opta, por preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser una única entidad o una parte de una entidad o puede comprender más de una entidad. Una entidad que informa no es necesariamente una entidad legal” [6].

Sobre el particular, los Fundamentos para las Conclusiones dicen:

“El Marco Conceptual de 2010 no analizaba lo que es una entidad que informa; ni describía cómo determinar lo que comprende una entidad que informa. Al desarrollar los conceptos sobre la entidad que informa para el Marco Conceptual de 2018, el Consejo consideró los comentarios recibidos sobre el Proyecto de Norma de 2010 desarrollado juntamente con el FASB y los comentarios recibidos sobre el Proyecto de Norma de 2015” [7].

También:

“El Marco Conceptual de 2018 proporciona una descripción general de una entidad que informa, en lugar de señalar quién debe, debería o podría preparar los estados financieros con propósito general. El Consejo no tiene autoridad para determinar quién debe, debería o podría preparar dichos estados” [8].

Una diapositiva del webcast que presentó el Capítulo 3 del nuevo Marco Conceptual resumen esto de una manera más clara [9]: Traducida por mí, dice:

Una entidad que reporta es una entidad que escoge, o es requerida a, preparar estados financieros de propósito general.

· No tiene que ser una entidad legal

· Puede ser una porción de una entidad

· Puede ser una o más entidades

- normalmente consolidadas

- pueden ser combinadas

Si bien oficialmente se refieren a entidad que informa, es más claro referirse a entidad que reporta. Las diferencias en la traducción no son menores. Entre otras, ‘informa’ es un término preferido en ambientes de regulación y control. ‘Reporta’ es la práctica internacional preferida por las empresas multinacionales y las prácticas contractuales.

Muy importante que tal entidad pueda ya sea escoger, o ser requerida a, preparar y presentar estados financieros de propósito general. No necesariamente el conjunto completo. IASB reconoce que no tiene autoridad para determinar qué entidad debería o podría preparar tales estados. Las autoridades o la legislación normalmente son quienes los requieren. Pero también pueden hacerlo los contratos entre partes. Tal y como se verá adelante, los contratos que generan obligaciones de pago y derechos de los acreedores son una fuente de ello. Muy fuerte en la práctica internacional bajo el amparo de jurisdicciones con alta seguridad jurídica.

Lo central es que no tiene que ser una entidad legal. Puede ser una porción, la entidad como tal o una consolidación o combinación. Este es un punto clave para entender la contabilidad como contrato, un concepto y una práctica muy diferentes a los tradicionales centrados en la entidad legal individual. Con efectos claros en la contabilidad como medio de prueba.

Información en función de los derechos de los acreedores

Otro elemento que hace parte de la actual estructura/marco conceptual [Conceptual Framework 2018] de los IFRS/NIIF, emitida en el año 2018, es el relacionado con la información en función de los derechos de los acreedores.

La información IFRS/NIIF es de propósito general y tiene como objetivo proporcionar información financiera sobre la entidad que reporta que sea útil a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad [10]. Los propósitos especiales de otros usuarios que, generalmente, tienen poder para hacer requerimientos particulares, no están cubiertos por esta información de propósito general.

En el análisis de la utilidad para la toma de decisiones generalmente se han privilegiado las de los inversionistas actuales y potenciales, dado que tal información está públicamente disponible en los mercados de capital (financieros, de seguros, de valores): utilidad para la toma de decisiones de inversión.

La otra parte, esto es, la utilidad para la toma de decisiones de los prestamistas y otros acreedores también tiene relevancia pública y es otro de los usos importantes de los IFRS/NIIF.

La clave para entender esta información útil para los acreedores es la sección “Información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en estos de la entidad” del Marco Conceptual, que tiene los siguientes apartes:

  • Recursos económicos y derechos de los acreedores (Par. 1.13 a 1.14)

  • Cambios en los recursos económicos y en los derechos (Par. 1.15 a 1.16)

  • Rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo (Par. 1.17 a 1.19)

  • Rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo pasados (Par. 1.20)

  • Cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proceden del rendimiento financiero (Par. 1.21)

El párrafo introductorio es claro:

“Los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera de una entidad que informa, que es información sobre los recursos económicos de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Los informes financieros también proporcionan información sobre los efectos de las transacciones y otros sucesos que cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Ambos tipos de información suministran datos de entrada útiles a la hora de tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos a una entidad”. [11] (Las negrillas no son del original).

Esa relación entre: (1) recursos económicos de la entidad y (2) derechos de los acreedores contra la entidad que informa tiene la clave. Si a ello se agrega lo de que no tenga que ser una entidad legal (puede ser una parte, toda, una combinación o una consolidación), se entiende la importancia de la presentación de reportes financieros de los contratos que aseguran los derechos de los acreedores, sin importar necesariamente la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de la entidad legal como tal.

Para darle prelación al contrato, se le incardina (suscribe) en una jurisdicción internacional que tenga alta seguridad jurídica. La consecuencia de ello es que, independiente del sistema de contabilidad local (que obliga a la entidad que reporta) y la situación financiera que refleje, están seguros los derechos de los acreedores.

Ello explica por qué entidades como Avianca o Latam han acudido a las cortes internacionales para solucionar sus problemas de acreencias y no han acudido a los tribunales nacionales de insolvencia. Todo ello, en el más riguroso marco legal nacional dados los convenios internacionales suscritos por el país e incorporados legalmente a la legislación nacional.

Las prácticas contractuales internacionales colocan el peso en:

  • La información sobre los recursos económicos,

  • Los derechos de los acreedores frente a la entidad, y

  • Los cambios en los recursos económicos.

Esto es, tienen ‘peso’ los derechos de los acreedores de la entidad que informa.

El análisis de lo relacionado con los derechos de los acreedores es un tema actualmente sensible en Colombia dada la propuesta de unificación del Código Civil con el Código de Comercio [12] que, entre otras cosas, subordina el pago de las deudas a otras necesidades del deudor [13].

  • Mediante los estados financieros de la entidad legal podría justificarse que hay ‘otras necesidades’ para justificar un no pago a un acreedor particular y el juez tendría facultad para aceptar ello a favor del deudor.

  • No obligatoriedad del pago de las deudas.

  • La combinación de obligaciones civiles y comerciales.

Sobre el particular, los profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario han señalado:

“Adicionalmente, el Proyecto establece normas que constituyen un retroceso frente al régimen del Código Civil y del Código de Comercio, no refleja las tendencias en la evolución del derecho colombiano por lo cual es regresivo y no toma en cuenta las tendencias del derecho contemporáneo en materia de obligaciones y contratos. En cuanto a lo primero, los artículos afectan la fuerza obligatoria del contrato y los principios generales que rigen el derecho de las obligaciones. En cuanto a lo segundo, la regresividad se observa en el manejo que les da el proyecto a las solemnidades. Así, aunque la tendencia en el derecho colombiano a partir de 1970 ha sido la de eliminar las formalidades de los actos jurídicos, incluso aquellas que cumplen con un propósito ad probationem, el proyecto de código consagra para muchos contratos que los mismos deban celebrarse por escrito (Ver pág. 13)” [14].

Notas finales

[1] Martínez Neira, Néstor H. Cátedra de sociedades. Régimen comercial y bursátil. Primera edición. Legis: Bogotá, 2020, p. 381.

[2] Art. 1, ley 1314 de 2009.

[3] art. 6, ley 1314 de 2009.

[4] Martínez Neira, Néstor H. Cátedra de sociedades. Régimen comercial y bursátil. Legis: Bogotá, 2020, p. 6

[5] Una aclaración importante, en esas jurisdicciones de alta seguridad jurídica en realidad se usan los IFRS (tal y como son emitidos por IASB) y no las NIIF (incorporadas en Colombia).

[6] Marco Conceptual, par. 3.10

[7] Marco Conceptual, FC3.13

[8] Marco Conceptual, FC3.13

[9] https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/webcast-2015/cf-webcast-3-pdf.pdf

[10] Marco Conceptual, par. 1.12

[11] Marco Conceptual, OB2


[12] Vea mi artículo que tiene por título “Unificación de los códigos civil y de comercio en Colombia”.


[13] https://amp.asuntoslegales.com.co/actualidad/por-que-se-cuestiona-la-propuesta-de-la-unificacion-del-codigo-civil-con-el-codigo-de-comercio-3079545

[14] Profesores Facultad de Jurisprudencia Universidad del Rosario. Observaciones al “Proyecto de Código Civil de Colombia: Reforma del Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio”. Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, octubre 2020, p. 5-6.

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