Certificaciones empresariales

Por Samuel Mantilla. Certificaciones empresariales. En la vía de la transformación de la revisoría fiscal

Previamente hice referencia a que la revisoría fiscal difícilmente va a sobrevivir, a menos que se realicen oportunamente las transformaciones que necesita. Señalé que deberá sobreponerse al coronavirus contable y adicionalmente, después del COVID-19, deberá ajustarse a las nuevas condiciones empresariales y de los mercados.

Con el presente artículo hago referencia a una de esas ‘nuevas condiciones’: la relacionada con las certificaciones empresariales.

Si bien estos tiempos no son oportunos para realizar cambios, y menos si éstos implican nuevos marcos legales y de actuación profesional, lo son para analizar lo que está sucediendo y para buscar soluciones para ‘después de’ la pandemia.

En la vía de la transformación de la revisoría fiscal uno de los imperativos es separar las funciones de certificación de las funciones de auditoría de los estados financieros, hoy en cabeza del revisor fiscal (para las empresas obligadas a tenerlo) o de contador público independiente (para las empresas que no estén obligadas a tener revisor fiscal).

El cambio es relativamente sencillo, pero tiene un impacto alto: las certificaciones empresariales (relacionadas con información contenida en la contabilidad) deben estar en cabeza del contador público (dependiente) que tenga a cargo la preparación de la información contenida en la contabilidad. Las otras certificaciones empresariales (no relacionadas con información contenida en la contabilidad) deben estar a cargo de los directivos empresariales a cargo de las respectivas funciones/operaciones empresariales, según el modelo de gobierno corporativo.

Mantener que para el mismo cliente el revisor fiscal certifique y audite es:

  • Continuar ayudando a la inefectividad de la auditoría de estados financieros: es legal a nivel del país, pero no sirve a nivel internacional porque carece de independencia ante la entidad.

  • Anclar a la profesión contable en una situación de incoherencia y baja calidad, cuya consecuencia es baja remuneración y continuo señalamiento de culpa/inefectividad.

La certificación es una acción de ‘fe pública’ (que otorga el Estado), mientras que la auditoría de estados financieros es una acción ‘en el interés público,’ que requiere independencia (incluso en relación con el Estado).

Esto no lo entiende el gobierno y la profesión contable le ayuda a que no lo entienda:

  • El gobierno no lo entiende porque los funcionarios, actuando en su propio interés, ven más fácil que funciones que son de gobierno sean trasladadas a terceros. La función de ‘Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados,’ la entienden más como ‘dar órdenes a menores de edad’ y no como desarrollar la debida vigilancia (‘surveillance’ como hoy técnicamente se le denomina a nivel internacional) con el apoyo de las tecnologías digitales.

  • La profesión no ayuda a que esto se entienda, por temor a enfrentar a sectores que no quieren dar paso a su mejoramiento y porque, en el fondo, se carece de la suficiente experticia (experiencia práctica + fundamentación teórica), para abandonar las corrientes ‘normativas’ y sumarse a las olas de la ‘estandarización. Le cuesta dar prelación a la calidad y a la coherencia ética, por aferrarse a discursos legales de vieja data.

El modelo actual de certificación empresarial en Colombia:

  • Está centrado en que el representante legal y el revisor fiscal (o contador público independiente, según el caso) firmen (lo cual incluye presunciones legales) lo que se pide sea certificado, sin adicionar referentes técnicos.

  • Está respaldado por la teoría jurídica de los órganos societarios, que es la base del actual Código de Comercio, pero que está lejos de los modelos actuales de Gobierno Corporativo que rigen las decisiones en las empresas y organizaciones de negocio en el mundo hoy, reconocidos a nivel internacional.

La excusa de que el respaldo en papeles de trabajo es solo para la auditoría de estados financieros hace que se certifique sin respaldo técnico alguno. Ante la amenaza de sanciones legales que a la larga tampoco son operables. Sería interesante que la Junta Central de Contadores pudiera mostrar estadísticas de casos de sanciones por certificaciones.

La auditoría de estados financieros tiene referentes técnicos internacionalmente reconocidos: los ISA (NIA, en español), cuya implementación requiere que el auditor sea independiente en relación con la entidad que audita, además del cumplimiento de estándares éticos contenidos en el Código de IESBA. Las letras de esto están contenidas en las normas colombianas (‘marcos técnicos normativos’), sometidas a otras normas que tienen prelación legal y que refuerzan las viejas prácticas.

Tiene lógica que firmen ‘el representante legal’ y ‘el revisor fiscal’ porque ambos son ‘órganos societarios’. Lo que no tiene lógica es que ‘el revisor fiscal’ audite los estados financieros, dado que el auditor opina (informa) pero no ‘certifica.’

En Colombia, la respuesta al covit-19 usa el modelo tradicional

En Colombia, con ocasión de las ayudas que el gobierno nacional está dando a los empresarios como parte de la respuesta ante las problemáticas derivadas de la pandemia del covid-19, uno de los requisitos es la certificación de contador público o revisor fiscal, ‘según sea el caso.’

Dos ejemplos para que esto no se alargue tanto.

El primero, está contenido en el numeral tercero del artículo cuatro del Decreto Legislativo 639 de 2020 (6 mayo 2020) por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020

Artículo 4. Procedimiento de postulación para la obtención del aporte estatal del Programa de apoyo al empleo formal- PAEF.
3. Certificación, firmada por el representante legal y el revisor fiscal, o por contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la que se certifique:
3.1. El número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa.
3.2. La disminución de ingresos, en los términos del numeral 3 del artículo 2 de este Decreto Legislativo.
3.3. Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única y exclusivamente, destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario.

Este tipo de certificación es prospectiva, no está contenida en la contabilidad. Corresponde a acciones que realizará la administración. ¿Cómo puede el revisor fiscal comprometerse con ello? Difícilmente estará enterado de estos manejos administrativos. Los auditará en el futuro: cuando audite los estados financieros y a final del período (‘el año entrante’) emita su informe. ¿Se tratará de materia de auditoría crítica/clave?

El segundo ejemplo está contenido en el Decreto 438 (19 marzo 2020) por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020. Se refiere a la exención transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA. Para listado de bienes que especifica el decreto (para atención en salud). El numeral 3 del artículo 2. “Condiciones de aplicación. Para efectos de la aplicación de la exención del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata el artículo 1 del presente Decreto Ley deberán cumplir con el siguiente procedimiento: …” señala:

3. El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes, el cual deberá ser remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las ventas ­ IVA, que efectúa la venta exenta, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien, y valor de la operación.

Este detalle puede ser suministrado por el jefe de sistemas o por el director del departamento de contabilidad. Es él quien lo debe certificar. ¿Cómo puede hacerlo el revisor fiscal? Firmando lo que le entreguen. ¿Hay alguna calidad técnica en ello?

En Estados Unidos, la respuesta al covid-19 está usando un modelo diferente al colombiano

Actualmente en Estados Unidos hay por lo menos dos modelos de certificación empresarial: el que aplican las empresas que participan en el mercado de valores (Ley Sarbanes-Oxley) y el del programa de protección del cheque de pago (incluye respuesta a covid-19).

(1) Ley Sarbanes Oxley

La SarbanesOxley Act of 2002 “busca proteger a los inversionistas mediante el mejoramiento de la exactitud y confiabilidad de las revelaciones corporativas hechas en conformidad con las leyes de valores, y para otros propósitos.” La Sección 404 introdujo la valoración del control interno, a cargo de la administración, y la auditoría del control interno, a cargo del auditor de los estados financieros. La Sección 302 se refiere a la responsabilidad corporativa por los reportes financieros. Introdujo los ‘signing officers’ (los ejecutivos que firman)

La Ley Sarbanes-Oxley introdujo tres niveles de control interno:

  • Estructura y procedimientos de control interno

  • Controles internos contables

  • Controles internos

Como se trata de mercado de valores, lo relacionado con los tres niveles es similar a los niveles de la jerarquía del valor razonable. Pero para efectos del presente artículo lo que importa es el tercer nivel, controles internos:

“Es el nivel más práctico, asociado con la mayor efectividad frente a los problemas concretos que se enfrentan en el día a día de las organizaciones. Los responsables de estos controles son los signing officers (ejecutivos que firman), esto es el ejecutivo principal o las personas que desempeñan funciones similares. Esta responsabilidad conlleva certificar en cada reporte anual o trimestral la información relacionada con los controles internos. Este nivel es el equivalente de las ‘actividades de control’ o ‘controles específicos’ a que hace referencia COSO” [Mantilla, Samuel. Auditoría del control interno. 4ª. edición. Ecoe ediciones: Bogotá, 2018, pg. 141].

Esta certificación a cargo de los ejecutivos que firman está referida expresamente a los controles internos. Importante poder explorar con detalle esto, para poder diferenciar, en Colombia, cuándo el auditor evalúa el control interno y cuándo el auditor audita el control interno. Pero teniendo claro que en ningún caso el auditor certifica los controles internos.

(2) Programa de protección del cheque de pago

En el conjunto de respuestas al covid-19 se destaca la Ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) promulgada en marzo 27, 2020). Es la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus. Las secciones 1102 y 1106 se refieren al programa de protección del cheque de pago, que está a cargo de la Small Business Administration (SBA).

La SBA ofrece distintas opciones de financiamiento en apoyo a negocios pequeños. La Ley CARES lo que hizo fue ampliar los fondos disponibles por efecto del covid-19 y, en algunos casos, estableció que algunos préstamos (en su totalidad o en parte) pueden ser ya sea garantizados por la SBA o condonados.

El formulario de solicitud de préstamo es firmado por el ‘authorized representative of the Applicant’ [representante autorizado del solicitante] (equivalente del representante legal colombiano) y es éste quien tiene que hacer las certificaciones que respaldan el préstamo. Se refieren a información muy similar a la del artículo 4 del Decreto Legislativo 639 de 2020. Estas certificaciones solo las firma el representante autorizado del solicitante. En ningún caso certifica un contador y mucho menos el auditor.

Vale la pena destacar acá que el representante autorizado del solicitante tiene que certificar de buena fe todo lo que esté requerido por el formulario. Esa certificación de buena fe agiliza el proceso de otorgamiento del préstamo, pero no exime que esté sujeta, según el monto del préstamo, a auditoría directa de la SBA y, en todo caso, será cruzada contra la información reportada a la autoridad tributaria. Un impacto más de la digitalización de los procesos (Industria 4.0).

Cambios por realizar en Colombia

En Colombia no necesitamos inventar la rueda ni continuar repitiendo prácticas que fueron eficaces en el pasado (en empresas pequeñas, cerradas, con una economía con muy poca inversión extranjera), pero que ahora no son funcionales y en el próximo futuro no serán útiles dadas las nuevas condiciones.

Es crítico separar las funciones de certificación y auditoría de estados financieros, hoy concentradas en el revisor fiscal.

  • La solución más práctica es que la auditoría de estados financieros (según ISA/NIA y con garantía de la independencia del auditor frente a la entidad) la realice el revisor fiscal y las otras funciones, incluye tanto las certificaciones como las funciones relacionadas con asesoría y evaluación (auditoría interna) estén a cargo de otros profesionales.

  • Como alternativa, dejarle al revisor fiscal las funciones que actualmente tiene, excepto la auditoría de estados financieros y que ésta la realice un contador público que actúe independiente frente a la entidad, aplicando los ISA/NIA y el Código de IESBA.

Si se basan en información contenida en la contabilidad, las certificaciones deben estar a cargo del contador público responsable por la contabilidad de la entidad. Si se basan en información de otro tipo, ciertamente deben estar a cargo de otros profesionales, según la experticia propia requerida para la certificación.

¿Continuará imperando el coronavirus contable? Cuando un comité no es efectivo, parece que el estilo ahora será reemplazarlo por muchos comités, que tampoco serán efectivos. La calentura no está en las sábanas, se necesita coherencia en la experticia y en la ética.

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